Gobierno saliente radica iniciativas de reforma a la justicia elaborado por la Comisión Asesora

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, presentó este jueves un paquete de 14 propuestas para la reforma al sistema judicial, elaborado por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia tras cuatro años de trabajo. Durante el acto celebrado en el Hotel Tequendama de Bogotá, la funcionaria puso el documento a disposición del Congreso de la República, orientándolo de manera particular a la bancada del Pacto Histórico para abrir el debate frente a las iniciativas que promoverá la administración entrante.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de una dirección especial en la Fiscalía y de centros judiciales integrales para la atención psicológica y legal de víctimas de violencias basadas en género. En materia penal, la iniciativa plantea revisar las causas tramitadas bajo la Ley 600 del año 2000 —aplicable a excongresistas y altos dignatarios— para mantener en dicho sistema únicamente los procesos en etapa avanzada y trasladar los restantes al sistema penal acusatorio vigente.

El articulado presentado propone además eliminar el límite de dos años para demandar al Estado en casos de violaciones graves a los derechos humanos, adecuar la justicia restaurativa según la satisfacción de la víctima y retirar a la Procuraduría la facultad de destituir a mandatarios de elección popular. Esta última propuesta se sustenta en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre garantías al debido proceso en investigaciones administrativas.

El planteamiento formulado por Rusinque antecede al proyecto de 15 puntos anunciado por Iván Cancino, designado ministro de Justicia por el presidente electo Abelardo de la Espriella. La propuesta del gobierno entrante plantea la eliminación de la audiencia de imputación de cargos, la reducción de la intervención de la Procuraduría en procesos ordinarios y la separación de jueces de acusación y juzgamiento, coincidiendo ambos sectores en obligar al juez a acatar las solicitudes de absolución o preclusión presentadas por la Fiscalía.