Juzgado de Bogotá levanta suspensión de bombardeos militares pero fija condiciones por presencia de menores
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La jueza 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión provisional que ella misma había decretado el pasado 10 de septiembre sobre las operaciones de bombardeo de las Fuerzas Militares, ordenando una serie de pautas obligatorias para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en los casos donde exista información cierta, objetiva o verificable sobre la presencia de menores de edad en el objetivo militar. Las pautas exigen intensificar la verificación de datos en la zona, incluir explícitamente el riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes en la evaluación operacional, evaluar métodos menos lesivos que mantengan la ventaja militar y aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH) antes de autorizar cualquier ataque.
El fallo prohíbe a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a los mandos militares presumir de manera automática que un menor es un objetivo legítimo por encontrarse en un campamento o mantener vinculación material con un grupo armado, debiendo analizar cada situación bajo el DIH dada su condición de sujeto de especial protección y víctima de reclutamiento ilícito. La providencia precisa que no existe una prohibición general ni absoluta frente a estas operaciones ni se concede inmunidad a las estructuras ilegales que persistan en el reclutamiento, permitiendo las acciones siempre que respeten los parámetros del DIH y el estándar reforzado de precaución.
En el marco del dictamen, se exhortó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Gobierno Nacional y a las entidades de atención a víctimas a fortalecer los procesos de desvinculación y restablecimiento de derechos, encomendando el seguimiento del cumplimiento a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación. Por último, la resolución declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, y del Congreso de la República.
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