EE.UU. mantiene la descertificación condicionada a Colombia en la lucha contra el narcotráfico
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el reporte del Departamento de Estado que mantiene la calificación de descertificación condicionada a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, determinación que concluye que el país ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones internacionales de control de drogas. Pese a mantener la misma calificación fijada el año anterior, el gobierno estadounidense otorgó una exención de asistencia provisional al considerar que mantener los recursos es vital para los intereses de su país. Dicha medida se da de manera simultánea al anuncio del redireccionamiento de fondos militares hacia varios países de la región —incluido el territorio colombiano—, duplicando la financiación inicial en esta materia, mientras que Venezuela fue retirada de la lista de países descertificados.
En el reporte oficial, el mandatario estadounidense atribuyó la continuidad de la sanción a las políticas implementadas por la administración anterior de Gustavo Petro, calificándolas como la causa de la inestabilidad en el control de cultivos. No obstante, Trump respaldó la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, destacando sus propuestas de campaña orientadas a una ofensiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína. Estados Unidos resaltó que con la conducción actual la Fuerza Pública contará con respaldo institucional para reorientar los resultados operativos y consolidar la alianza bilateral en seguridad regional.
Por su parte, el Ejecutivo colombiano ha centrado su agenda en la reanudación de la aspersión aérea con glifosato, el cierre de las mesas de diálogo de la paz total, la ejecución de 73 extradiciones y la integración de Colombia al programa Escudo de las Américas para operaciones conjuntas de combate al narcoterrorismo. Sin embargo, la ejecución del plan piloto de aspersión aéreo proyectado sobre mil hectáreas en el Bajo Putumayo se encuentra suspendida temporalmente por orden judicial, en medio de los cuestionamientos de comunidades y académicos frente a la eficacia del método y sus impactos ambientales en la zona.
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