Gobierno socializará proyecto de ley estatutaria para la creación del Estatuto Antiterrorista
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentará oficialmente el borrador de proyecto de ley estatutaria que crea el Estatuto Antiterrorista en Colombia, iniciativa que busca dotar al Estado de una legislación sombrilla en materia de seguridad nacional e intensificar la persecución penal contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas. El documento, que ya se encuentra en proceso de revisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Embajada de Estados Unidos, contempla la regulación de derechos fundamentales y requerirá trámite de ley estatutaria en el Congreso de la República, además del control automático previo por parte de la Corte Constitucional.
La propuesta legislativa establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de una Instancia Técnica —integrada por delegados del Ministerio de Justicia, Cancillería, Fiscalía, UIAF y el mismo Consejo— encargada de estructurar los expedientes para elaborar el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. La inclusión definitiva en esta lista pública, inspirada en la lista OFAC y la designación FTO de Estados Unidos, se formalizará mediante acto administrativo e implicará de manera inmediata el congelamiento de fondos y activos bancarios, así como la inhabilitación para contratar con el Estado o acceder a subsidios, programas y beneficios públicos.
Adicionalmente, el proyecto crea la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, cargo adscrito al DAPRE, de libre nombramiento presidencial para un periodo no reelegible de cinco años, que exigirá diez años de experiencia en seguridad y maestría en áreas del derecho. El régimen contempla también la suspensión de comunicaciones en prisión para cabecillas —salvo la interacción con su defensa—, visitas limitadas al primer grado de consanguinidad, agravación de penas por actos contra la fuerza pública en protestas coordinadas con grupos en la lista, y reducciones de hasta el 60% en las condenas para quienes suministren información efectiva de desarticulación antes de la acusación.
Frente a la iniciativa, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó sus críticas señalando que el carácter genérico del texto podría derivar en violaciones a los derechos humanos y en la catalogación de la protesta social como terrorismo, además de cuestionar las facultades otorgadas al nuevo Comisionado. Por su parte, el ministro Lara descartó que la medida aplique sobre la población civil o imponga facultades de estado de excepción, situando el proyecto en el marco de los compromisos del Escudo de las Américas firmado el pasado 22 de septiembre con Estados Unidos y otros 14 países, y en un contexto histórico donde iniciativas similares, como la impulsada en el año 2003, fueron inexequibles por la Corte Constitucional.
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