JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las Farc por violencia sexual
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc por hechos de violencia sexual y violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La decisión judicial, tomada en el marco del Macrocaso 05 que investiga la afectación territorial en 17 municipios como Corinto, Toribío, Caldono y Florida, recae sobre los procesados conocidos bajo los alias de “Calixto”, “Ricardo”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Paz”. El tribunal documentó 68 hechos contra 35 víctimas —entre civiles y exintegrantes de la guerrilla—, registrando afectaciones colectivas a comunidades étnicas y persecución contra la población con orientación sexual e identidad de género diversa.
Tras la notificación del auto, los cinco imputados disponen de un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de su responsabilidad en los hechos. En caso de reconocer las conductas de violación, persecución, tortura y ultrajes a la dignidad personal, los comparecientes avanzarán hacia el esquema de sanciones propias y alternativas de la jurisdicción especial; de lo contrario, los expedientes serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para dar inicio a un juicio adversarial donde podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión en la justicia ordinaria.
La histórica imputación se produce de forma paralela a la fuerte alerta emitida por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien denunció ante la Corte Penal Internacional lo que calificó como el más grave ataque contra la estabilidad y autonomía del organismo. El tribunal cuestionó la tramitación de proyectos respaldados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, entre ellos el traslado de 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP hacia la Judicatura y la revisión de sentencias contra militares por la justicia penal militar. Ante los reclamos por el recálculo presupuestal, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, justificó los recortes en el deber de austeridad fiscal del Estado, mientras la Casa de Nariño mantiene sus cuestionamientos al funcionamiento del tribunal de paz.
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