Fiscalía abre investigación formal contra Juliana y Verónica Guerrero por presunta red de corrupción en contratación pública
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero Jiménez, con el fin de verificar posibles irregularidades en la contratación pública. La decisión fue confirmada por el organismo judicial tras la difusión de informaciones el pasado fin de semana, quedando el caso bajo la responsabilidad de la Dirección Especializada contra la Corrupción, entidad que ya dispuso las primeras labores de policía judicial para la recolección de material probatorio.
Las indagaciones se originaron a partir de una publicación de la revista Semana, la cual recopiló testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias. De acuerdo con el reportaje, los hechos habrían comenzado en el segundo semestre de 2024 con empresarios de los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes habrían confiado en las hermanas Guerrero bajo la promesa de acceder a contratos con el Estado.
La investigación señala que las hermanas Guerrero habrían gestionado contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. En el caso de Juliana Guerrero, se le señala de sostener reuniones con altos funcionarios para agilizar los procesos mientras supuestamente recibía cerca de 200 millones de pesos colombianos y hasta un 10 % del valor de cada proyecto adjudicado, asignando a su hermana Verónica la relación directa con los contratistas.
Por su parte, Juliana Guerrero —quien además afronta una investigación por la presunta presentación de diplomas falsos al aspirar al Viceministerio de Juventud— rechazó los señalamientos sobre su participación en esta presunta red de direccionamiento de contratos en entidades del Gobierno nacional. A través de un comunicado emitido por su equipo de abogados, la exservidora pública reaccionó a las revelaciones de los chats y consignaciones, negando la existencia de pagos irregulares.
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