El ministro del Interior, Rodrigo Lara, publicó para comentarios un borrador de decreto que modifica el Decreto 003 de 2021 sobre la protección y regulación de la protesta social en el país. El proyecto normativo mantiene el diálogo como primera opción de gestión, pero establece que no será un requisito previo para la intervención de las autoridades cuando se registren hechos de violencia con uso de armas, explosivos, ataques a terceros o toma de rehenes, casos en los que la fuerza pública podrá actuar de manera directa mientras sostiene abiertos los canales de mediación.
La propuesta técnica plantea una actuación progresiva estructurada en cinco niveles que inician con la facilitación y la prevención, continúan con el diálogo directo, pasan a la disuasión y culminan con la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Adicionalmente, el documento fija el principio de equilibrio constitucional entre el derecho a manifestarse y la garantía de otros servicios fundamentales, promueve la protección de manifestantes y ciudadanos no participantes, e insta a la recopilación de material probatorio para judicializar conductas punibles.
De acuerdo con el borrador, el Puesto de Mando Unificado (PMU) operará antes, durante y después de las marchas, pudiendo convocar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y publicando un informe de afectaciones dentro de las 72 horas posteriores a los eventos. Asimismo, los mandatarios locales deberán entregar explicaciones públicas en un plazo máximo de tres meses ante eventuales heridos o fallecidos por uso de la fuerza. La iniciativa ratifica que las marchas no requerirán permiso previo, prohíbe el uso de armas de fuego por la Policía y excluye a las Fuerzas Militares del control de las manifestaciones.
