El presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevé emitir como su primer acto administrativo un decreto orientado a convocar de manera inmediata la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Según información revelada por el diario El Tiempo, la iniciativa ejecutiva tiene como objetivos principales designar al reemplazo de Ricardo Roa en la presidencia de la compañía y modificar la composición de la Junta Directiva actual. El cronograma estipula que la convocatoria y la presentación de la nueva plancha de candidatos estarían consolidadas para el 20 de agosto, fecha que coincide con la citación de la Fiscalía General de la Nación para la audiencia de acusación contra Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.
La reestructuración implicaría la salida de Ángela María Robledo de la presidencia de la Junta Directiva, cargo que asumió tras la renuncia de Mónica de Greiff, así como la culminación del periodo de los miembros independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, quienes han representado sectores de oposición a la continuidad de Roa. De acuerdo con los estatutos sociales de la petrolera, el nuevo gobierno tiene la facultad de remover inicialmente a tres de los nueve integrantes de la Junta, requiriendo mantener al menos a tres de los miembros actuales en la propuesta que se someta a consideración de los accionistas. Asimismo, se deberá proveer la vacante de Juan Gonzalo Castaño, quien dimitió en mayo pasado tras haber respaldado el retiro temporal de Roa y manifestado discrepancias en decisiones de inversión internacionales.
Ante estos movimientos, el gobierno saliente conservaría una representación de tres miembros afines en la junta, sin descartarse la renuncia voluntaria de otros integrantes como Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias o Tatiana Roa. Durante el periodo de campaña, el mandatario electo justificó estas medidas bajo la necesidad de restablecer el perfil técnico y el gobierno corporativo de la empresa pública más grande del país. Por su parte, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sustentó la urgencia de la intervención argumentando que los ingresos de la estatal registraron una contracción, pasando de aproximadamente $160 billones a cerca de $120 billones de pesos. Actualmente, Ricardo Roa se encuentra bajo una incapacidad médica extendida hasta finales de julio, la cual se sumó a un periodo previo de vacaciones acumuladas y licencias no remuneradas autorizadas por la Junta directiva en medio de sus procesos legales.
