
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado iniciar un proceso disciplinario contra Anderson Alonso Carrillo Pinzón, concejal del municipio de Yopal, por una presunta recusación temeraria. Según el ente de control, Carrillo habría empleado tácticas indebidas al intentar suspender un proceso judicial previo promovido por la ciudadanía.
El caso se remonta a abril pasado, cuando el Tribunal Administrativo de Casanare abrió investigación por presunta pérdida de investidura contra el concejal, tras una demanda electoral que cuestionaba la ejecución de contratos en la jurisdicción de Yopal, en junio y febrero de 2023
Un certificado emitido en abril por la Gobernación de Casanare y la secretaría de Salud confirmó que Carrillo sí ejecutó labores logísticas en Yopal, como se evidenció en un contrato suscrito con la Concesionaria Vial COVIORIENTE, dando sustento al cuestionamiento sobre su idoneidad para ejercer el cargo.
A pesar de su defensa, que alegó que no existía vínculo directo con Yopal, el Tribunal rechazó sus solicitudes de exclusión probatoria y testimonios, y programó una audiencia pública para evaluar los cargos el pasado 13 de mayo.
En respuesta, la Procuraduría argumenta que el concejal habría actuado de mala fe al buscar bloquear el proceso mediante recusaciones estratégicas, incumpliendo normas constitucionales que prohíben este tipo de maniobras en defensa del debido proceso.
Con esto, el caso se traslada al Consejo de Estado, que deberá determinar si existe base para imponer sanciones disciplinarias y eventualmente confirmar una sanción por falta de ética y conducta. Esto podría significar tanto multa como inhabilidad para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la conducta evaluada.