Choque presupuestal entre el Gobierno Nacional y la JEP por proyectos que buscan recortar sus recursos
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, justificó a través de la red social X la decisión de su administración de respaldar iniciativas para reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El pronunciamiento del mandatario se dio en respuesta a una carta enviada a la Corte Penal Internacional por el presidente del tribunal especial, Alejandro Ramelli, en la que denunció lo que considera el más grave ataque contra el funcionamiento de la jurisdicción desde su creación.
El reclamo de la JEP se fundamenta en dos iniciativas legislativas: un proyecto presentado por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, que plantea trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP hacia la Judicatura, y un proyecto de reforma constitucional del senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, para que las sentencias dictadas contra integrantes de las Fuerzas Militares tengan revisión automática por parte de la justicia penal militar. Según lo expresado por Ramelli, la suma del proyecto de Gómez y la asignación del proyecto de Presupuesto General de la Nación radicado por el Gobierno generaría un desfinanciamiento total de 185.000 millones de pesos, situación que impidiere la operatividad del tribunal.
Frente a estas advertencias, el presidente De la Espriella argumentó motivos de responsabilidad fiscal y priorización de la justicia ordinaria. El jefe de Estado detalló que en 2025 la entidad contó con 777.069 millones de pesos y que en 2026 opera con aproximadamente 744.659 millones; asimismo, indicó que para 2027 la JEP solicitó 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto presupuestal le asignó 821.803 millones, rechazando que la medida obedezca a una asfixia o venganza institucional. En respuesta a la controversia, la JEP publicó un balance de gestión señalando que los procesos a su cargo registraban una impunidad superior al 90% antes de su creación, resaltando que en la actualidad cerca del 92% de los máximos responsables imputados ha reconocido su responsabilidad ante el país y las víctimas.
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