El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, presentada por Oromairo Avella Ballesteros, quien lo señala de presunta violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura N.º 26, con ponencia del consejero William Barrera Muñoz, dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2025-06010-00. El alto tribunal determinó que la solicitud cumple los requisitos de ley contemplados en la Ley 1881 de 2018, el CPACA y la Ley 2213 de 2022.
El Consejo ordenó notificar personalmente al congresista, quien tendrá cinco días para responder, y pidió al demandante allegar copia de su documento de identidad, ya que la acción fue presentada de forma digital.
Origen del caso
La demanda surge tras una tutela interpuesta por Avella, quien alegó que el congresista no entregó de manera completa información pública sobre los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), como nombres, cargos, salarios y formas de vinculación. Aunque Archila remitió la solicitud a la División de Personal de la Cámara de Representantes, el demandante consideró que la respuesta fue incompleta e imprecisa.
El caso fue revisado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, que declaró la tutela como un hecho superado, al estimar que la información había sido suministrada. No obstante, Avella insistió en que el congresista incumplió los principios de transparencia y acceso a la información pública, motivo por el cual elevó la acción ante el Consejo de Estado.
Lo que sigue
Con la admisión de la demanda, el alto tribunal deberá establecer si la conducta del representante configura una falta grave que pueda derivar en la pérdida definitiva de su curul e inhabilidad perpetua para ocupar cargos de elección popular.
En respuesta, Hugo Archila calificó la acción como infundada y carente de sustento jurídico, señalando que hace parte de una serie de denuncias “repetitivas y sin soporte”. Aseguró que confía en el proceso judicial y destacó su gestión en el Congreso, donde —según afirmó— ha participado en la aprobación de 19 leyes y la radicación de más de 50 proyectos orientados al desarrollo de Casanare y del país.
