Consejo de Estado suspendió decreto que reducía los ingresos de los congresistas.
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto presidencial emitido por la administración de Gustavo Petro que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas. La decisión del alto tribunal congela la aplicación de la norma, la cual representaba una de las promesas de campaña del gobierno saliente y debía entrar en vigor el próximo 20 de julio, evitando así una reducción de aproximadamente 10 millones de pesos en los ingresos netos de los legisladores, quienes habrían pasado de recibir 32 millones de pesos libres a cerca de 22 millones de pesos mensuales.
La corporación judicial argumentó que la disposición tiene efectos jurídicos y financieros que se extienden a otros altos funcionarios del Estado, lo que motivó el estudio de fondo de seis demandas acumuladas en los despachos de los magistrados. El trámite de estos recursos avanzó con celeridad a principios de año mediante la designación de conjueces para resolver los impedimentos de los magistrados titulares, cuyos salarios también se encontraban indexados indirectamente a la norma. Entre los demandantes figuran abogados de congresistas y contratistas vinculados a la Secretaría General del Senado de la República.
La medida cautelar suspende el debate jurídico sobre la legalidad de los emolumentos especiales, un asunto que el propio Consejo de Estado mantuvo en estudio durante más de una década tras una demanda interpuesta en 2013 contra el decreto original del gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, la determinación judicial alivia la presión política sobre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, que se preparaba para fijar una postura oficial frente al recorte salarial del Congreso en vísperas de su posesión el 7 de agosto.
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