El juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó en primera instancia al presidente Abelardo de la Espriella y al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ofrecer disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa durante el espacio de «invocación y alabanza» realizado en la posesión presidencial del pasado 7 de agosto. El fallo señala que, por primera vez en la historia de Colombia como Estado laico, se incluyó un momento formal de rezos en la orden del día de la sesión del Congreso dentro del auditorio de la Universidad Santiago de Cali, donde se instaló además una imagen de la Virgen de Fátima a un lado de la tarima. El despacho judicial determinó que, si bien los funcionarios conservan su libertad de culto, al actuar como autoridades deben evitar asociar sus funciones oficiales con una religión en específico.
Para dar cumplimiento al dictamen, el mandatario deberá transmitir una alocución el próximo 30 de septiembre a las 7 de la noche, manifestando que se abstendrá de incurrir en conductas que denoten inclinación hacia la iglesia católica o cualquier otro credo. Por su parte, Henríquez deberá pedir perdón durante la última semana de septiembre y emitir una directiva ordenando a los servidores públicos respetar la laicidad del Estado. El juez fundamentó la decisión tras la intervención en el evento del principal rabino sefardí de Colombia, David Michan —quien concluyó con la frase «Viva Colombia, viva Israel», país con el que se reactivaron relaciones diplomáticas—, el pastor Eduardo Cañas de la iglesia Manantial y fundador de Colombia Justa Libres, y monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal, en un contexto donde el islamismo cuenta con 85 mil creyentes en el país frente a 5 mil del judaísmo sin haber tenido representación.
La providencia judicial coincide con la convocatoria de la Presidencia a un espacio de oración y recolección de donaciones por las víctimas del sismo programado para hoy en la Plaza de Bolívar, con apertura de puertas a las 3 de la tarde y acto central a las 6 de la tarde. El pronunciamiento se da asimismo ante las inquietudes manifestadas por diversos sectores sobre la presencia de al menos siete altos funcionarios —entre ministros y directores de entidades como el Sena y el Fondo Nacional del Ahorro— con vínculos directos en congregaciones religiosas, y el eventual riesgo que implica la combinación de la religión con la administración del Estado.
