Presidente De la Espriella y vicepresidente Restrepo entregan “Libro Blanco” con denuncias al gobierno saliente
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, entregaron formalmente en un acto público el denominado “Libro Blanco”, documento elaborado por su equipo de empalme anticorrupción que contiene denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración saliente de Gustavo Petro. El informe fue radicado en el auditorio central de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el procurador general, Gregorio Eljach; y el contralor saliente, Carlos Rodríguez, escenario donde el vicepresidente precisó que se presentó una muestra representativa de más de 80 casos seleccionados.
Entre los principales hallazgos expuestos por el jefe de Estado figura la denuncia de una nómina paralela de 900 mil órdenes de prestación de servicios, calificadas por el mandatario como “corbatas”, las cuales habrían representado un impacto de 5 billones de pesos a las finanzas públicas. En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el informe señala giros por 856 mil millones de pesos sin urgencia manifiesta y un saldo de 1,38 billones cuyo rastro no ha sido precisado. Asimismo, en el Ministerio de Hacienda, el vicepresidente Restrepo advirtió opacidad en las operaciones de Títulos de Tesorería TES para la deuda pública, señalando un incremento en el endeudamiento y un acortamiento en los plazos de pago.
En materia ambiental y social, la Presidencia cuestionó la expedición de resoluciones a tres semanas del relevo de mando para delimitar 29 mil hectáreas en el páramo de Santurbán, en simultáneo con el funcionamiento de 200 bocaminas de arsénico. Respecto al Fondo Rotativo del Ministerio de la Igualdad en liquidación, FonIgualdad, el reporte señala la firma de contratos por más de 140 mil millones de pesos con una sola empresa temporal sin soporte de capacidades, sumados a 68 mil millones adicionales suscritos durante el proceso de liquidación. Adicionalmente, el Ejecutivo denunció la desfinanciación del programa Colombia Mayor por agotamiento presupuestal en julio de 2026, y la contratación en Cancillería previo a la Ley de Garantías por 83 mil millones de pesos en 785 contratos, junto al gasto de 8.500 millones en sedes temporales habilitadas por periodos de 90 a 120 días.
La radicación busca que la Fiscalía determine si los antecedentes ameritan procesos penales y traslade las pruebas correspondientes a la Contraloría y Procuraduría. La estrategia, coordinada en su fase de empalme por el hoy vicepresidente Restrepo, incluyó auditorías forenses en cada cartera, sustentadas en alertas recibidas por líderes de comisión, reportes de funcionarios salientes e informaciones procesadas por equipos de análisis.
About The Author
