Daniel Quintero solicita la renuncia masiva de interventores de EPS tras informe de la Contraloría.
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El superintendente de Salud, Daniel Quintero, solicitó formalmente la renuncia de los agentes interventores de las siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo administración estatal, con el fin de evaluar sus resultados y decidir sobre su continuidad o retiro. El anuncio se produjo tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República que señala la ausencia de una mejora estructural en los indicadores financieros y jurídicos de las entidades intervenidas. Según el organismo de control, las medidas adoptadas hasta la fecha no han logrado mitigar los riesgos identificados en las EPS Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud.
En los hallazgos técnicos, la Contraloría mencionó la situación de la Nueva EPS, la cual no cuenta con estados financieros certificados para los periodos 2024 y 2025. El ente de control reportó un faltante de 4,9 billones de pesos en el registro de reservas técnicas y un saldo de 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar. Adicionalmente, el informe detalló que el patrimonio de Famisanar registró un descenso significativo, pasando de -2,1 billones de pesos al inicio de la intervención en 2024 a -3,3 billones al cierre del año anterior, mientras que el endeudamiento de Savia Salud presentó un incremento del 166%.
Ante este panorama, la Superintendencia de Salud anunció la creación de mesas de conciliación para atender crisis puntuales, como la registrada en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó por fallas en la atención y sobreocupación. No obstante, el sistema enfrenta retos adicionales debido a la suspensión de servicios en clínicas e institutos oncológicos por deudas contractuales. En cuanto a la idoneidad de los actuales administradores, se recordó que cinco de los interventores, designados para dirigir entidades como Capresoca y Emssanar, fueron sancionados previamente por la Procuraduría durante tres meses debido a presuntos incumplimientos en sus funciones.
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