Frenan traslado forzoso de 6 millones de afiliados a EPS tras decisión del Consejo de Estado
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Consejo Nacional de Estado suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía limitar la operación y presencia de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en departamentos y municipios según su densidad poblacional. La norma, expedida el pasado 25 de febrero, establecía que solo un número reducido de aseguradoras podría funcionar en territorios específicos, priorizando a aquellas con mayor cantidad de afiliados. Esta decisión judicial paraliza un esquema que obligaba al traslado forzoso de aproximadamente 6,6 millones de colombianos hacia EPS autorizadas, un proceso que, según la demanda, afectaba directamente el derecho fundamental de los usuarios a elegir libremente su entidad de salud.
La determinación del alto tribunal responde a una acción presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien argumentó que la medida gubernamental vulneraba la autonomía de los ciudadanos y generaba una concentración de riesgos. Previamente, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había dictado una medida cautelar similar tras una acción popular, advirtiendo que dejar a municipios con una sola opción de aseguramiento ponía en riesgo los derechos colectivos. Uno de los puntos más críticos del decreto señalaba que cerca de 2,6 millones de personas serían trasladadas automáticamente a la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Estado y enfrenta serias dificultades financieras y operativas.
Por su parte, el Ministerio de Salud defendió la legalidad del decreto asegurando que su objetivo principal era «ordenar la presencia regional de las aseguradoras» y evitar la dispersión que, a juicio del Ejecutivo, debilita las redes de atención. El esquema planteaba que en departamentos con menos de dos millones de habitantes solo podrían operar las EPS que acreditaran al menos el 5% de los afiliados de la zona. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que esta clasificación administrativa no tenía en cuenta la capacidad real de atención de las entidades sobrevivientes, lo que podría derivar en un colapso del servicio en las regiones más apartadas del país.
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