Ley de trazabilidad ganadera pasa a sanción presidencial tras ser conciliada en el Congreso

El Congreso de la República aprobó la conciliación de la ley de trazabilidad ganadera, un proyecto que busca detener la expansión de hatos en áreas de especial protección ambiental y zonas con altos índices de deforestación, como el Parque Nacional Chiribiquete. Con este paso, el texto unificado de 16 artículos queda a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República. La iniciativa tiene como eje central el rastreo individual del ganado para determinar si los animales fueron criados o engordados en áreas deforestadas.

La normativa propone una sincronización de tres bases de datos estatales: el registro individual del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la información predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el monitoreo satelital del Ideam. Según los coautores de la ley, esta integración permitirá identificar en tiempo real si el ganado se moviliza dentro del arco amazónico u otras reservas naturales. Además, el Ministerio de Ambiente asumirá la secretaría técnica del Comité de Lucha contra la Deforestación, buscando que el abordaje de este fenómeno trascienda la respuesta estrictamente militar.

Este dedición legislativo se da en un contexto crítico para la Amazonía colombiana, donde la deforestación aumentó un 74% en el último año, impulsada principalmente por la transformación de bosques en pastizales. Datos oficiales señalan que, para 2024, la región alcanzó la cifra histórica de más de cinco millones de cabezas de ganado, coincidiendo con una inversión estatal en créditos ganaderos que superó el billón de pesos, pero que hasta ahora carecía de controles rigurosos para verificar el impacto ambiental. La reestructuración del proyecto, lograda tras acuerdos políticos con gremios como Fedegán, permitió destrabar una iniciativa que se había hundido previamente en el Senado.

Con la implementación de esta ley, el Estado colombiano busca cerrar el paso a las vías ilegales y al aumento desmedido del hato en áreas protegidas mediante una trazabilidad completa desde el predio hasta el punto de venta. La representante Julia Miranda, ponente de la iniciativa, destacó que no hubo cambios significativos en el texto conciliado, manteniendo el espíritu de protección de los ecosistemas estratégicos. Se espera que la sanción presidencial se produzca en los próximos días.