La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó de manera unánime la devolución de los recursos recaudados bajo el amparo del decreto 1474 de 2025, el cual establecía gravámenes del 19% a licores y apuestas en línea. Esta decisión se produce tras la declaratoria de inexequibilidad de la primera emergencia económica decretada por el Gobierno nacional en diciembre pasado. En consecuencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contará con un plazo de 30 días, a partir de la notificación oficial, para establecer los mecanismos que permitan reintegrar el dinero a los ciudadanos y empresas que demuestren haber realizado el pago de dichos tributos.
El fallo del alto tribunal precisa que, si bien se debe devolver lo recaudado por conceptos como el IVA a cigarrillos y compras digitales, se respetarán las situaciones jurídicas que ya quedaron en firme. Esto implica que aquellos contribuyentes que accedieron a beneficios tributarios mientras el decreto estuvo vigente podrán conservarlos. Por su parte, la DIAN informó mediante un comunicado que se encuentra analizando el alcance de la sentencia para activar los procesos de devolución correspondientes. Cabe recordar que, según el Ministerio de Hacienda, el Estado alcanzó a percibir 1,6 billones de pesos antes de que la medida fuera suspendida provisionalmente en enero de este año.
La caída definitiva de la emergencia económica, que contó con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, deja sin piso la estrategia del Ejecutivo para enfrentar lo que calificó como una «inminente crisis fiscal» tras el hundimiento de la reforma tributaria. Los magistrados determinaron que no se cumplían los requisitos constitucionales para el uso de facultades extraordinarias. Pese a este revés judicial, el presidente Gustavo Petro sugirió durante una reciente alocución la posibilidad de declarar un nuevo estado de excepción, argumentando que el alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República está comprometiendo las proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026.
Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda deberá reajustar las cuentas públicas para compensar la salida de los 1,6 billones de pesos que deben ser reintegrados al sector privado.
