Gobierno ordena traslado de 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones

El Ministerio del Trabajo oficializó el decreto que ordena el traslado inmediato de los ahorros individuales de miles de afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones. La medida afecta a las personas que se acogieron a la denominada “ventana de traslado”, un mecanismo creado para quienes están a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación y decidieron pasar del régimen privado al público. Según la normativa expedida el pasado 20 de abril, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir una suma superior a los 25 billones de pesos, que incluye tanto el capital acumulado por aportes como los rendimientos financieros generados hasta la fecha del giro.

El cronograma establecido por el Gobierno Nacional otorga a las entidades privadas un plazo máximo de 30 días para completar el proceso. Las AFP están obligadas a trasladar el 50% de los recursos en los primeros veinte días y el excedente restante en los diez días siguientes. El Ejecutivo justifica este movimiento financiero argumentando que busca corregir un desequilibrio en el sistema, bajo la premisa de que Colpensiones actualmente asume el pago de mesadas de afiliados cuyos capitales de respaldo permanecen administrados por el sector privado, lo cual afectaría la sostenibilidad del régimen de prima media.

Por su parte, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, manifestó su desacuerdo con la medida al considerar que no existen bases jurídicas sólidas para solicitar el traslado de recursos de personas que aún no han consolidado su derecho pensional. El gremio advirtió que el volumen de capital que recibirá Colpensiones supera las necesidades operativas actuales de la entidad y expresó su preocupación por el uso que se le pueda dar a estos ahorros, señalando que la destinación de los mismos podría apartarse de lo previsto originalmente en el marco de la reforma pensional.

Esta decisión administrativa se produce en un momento crítico, mientras la Corte Constitucional estudia la legalidad de la reforma pensional para determinar si su trámite en el Congreso se ajustó a la carta política. De la decisión del alto tribunal depende si la reforma continúa su activación total o si el proceso debe regresar a la Cámara de Representantes para subsanar posibles vicios de trámite. Entretanto, la entrada en vigencia de este decreto acelera el traslado de recursos financieros hacia el Estado, marcando uno de los hitos más significativos en la reestructuración del sistema de seguridad social del país.