CIDH advierte patrón de estigmatización contra la prensa por parte de funcionarios en Colombia

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó su informe anual, en el cual advierte sobre una «creciente estigmatización» contra la prensa por parte de funcionarios públicos en Colombia. El reporte señala la existencia de un patrón de descalificaciones proveniente de altos cargos del Estado, mencionando específicamente al presidente Gustavo Petro por el uso de términos dirigidos a desacreditar a medios y comunicadores.

Según el documento, estas declaraciones tienen el aparente propósito de justificar represalias y debilitar la confianza ciudadana en el ejercicio periodístico, incumpliendo incluso las directivas presidenciales de interacción con la prensa suscritas por el propio Ejecutivo.

El organismo internacional también expresó su preocupación por la falta de pluralismo y los desafíos estructurales en la independencia de los medios públicos, agrupados hoy bajo el nombre de Inravisión. La Relatoría recibió denuncias sobre presuntas presiones para modificar o censurar contenidos críticos al Gobierno, así como reportes de declaraciones de su director, Hollman Morris, que estarían orientadas a deslegitimar a colegas que informan sobre la situación interna de la entidad estatal. No obstante, el informe también registró amenazas contra el equipo directivo y técnico de los canales públicos, subrayando que la violencia en todas sus formas constituye la fase más extrema de la censura en el país.

En materia de seguridad territorial, el estudio de la CIDH revela que el periodismo continúa siendo un oficio de alto riesgo, especialmente en las zonas donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Un análisis realizado en 34 municipios muestra que el 24% de los medios locales ha recibido amenazas para suspender sus coberturas, mientras que un 35% reconoce haber evitado publicar información sensible por motivos de seguridad. Esta situación ha consolidado la autocensura como un mecanismo de autoprotección recurrente entre los periodistas regionales, quienes quedan atrapados entre las presiones de las estructuras criminales y la estigmatización de las autoridades.

Finalmente, el reporte dedica un apartado especial a la violencia de género, denunciando patrones de ataques dirigidos específicamente contra mujeres periodistas en entornos digitales. Estos ataques, que buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático, han derivado en casos donde las comunicadoras se ven obligadas a abandonar el ejercicio profesional. La Relatoría recordó que, si bien Colombia conserva pesos y contrapesos para garantizar el derecho a la información, el deber del Estado es fomentar un espacio mediático diverso y proteger la integridad de quienes ejercen la vigilancia ciudadana a través de la prensa.