Procuraduría suspende provisionalmente a la congresista Gloria Arizabaleta tras emitir auto contra el presidente Petro.
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del cargo y la apertura de una investigación disciplinaria en contra de la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, Gloria Arizabaleta. La medida cautelar del órgano de control se adoptó de forma inmediata tras conocerse el auto individual mediante el cual la congresista pretendía ordenar apartar temporalmente de sus funciones al presidente de la República, Gustavo Petro. Según la ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, la determinación de Arizabaleta constituyó una presunta intimidación y una afectación a los derechos de participación democrática, al haberse dictado careciendo de la competencia y de las formalidades legales exigidas para un aforado constitucional.
La sanción impuesta apartará a la legisladora de sus actividades y de la dirección de la célula legislativa, extendiéndose con efectos restrictivos hasta el próximo 20 de julio, fecha en la que concluye formalmente el actual periodo constitucional del Congreso. Aunque los efectos prácticos inmediatos sobre la actividad parlamentaria son mínimos debido a que las sesiones ordinarias finalizaron la víspera, la decisión posee una alta connotación institucional al inhabilitarla administrativamente y dejar su curul vacía durante las semanas restantes. De acuerdo con los estatutos procedimentales del Legislativo, si bien la presidencia de la Comisión tiene facultades para proferir autos de trámite, las determinaciones de fondo relacionadas con la dignidad presidencial deben someterse a debate y votación ante la plenaria del corporativo.
En paralelo a la acción del Ministerio Público, el abogado principal del jefe de Estado, Alejandro Carranza, radicó una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato por acción contra la representante Arizabaleta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El jurista argumentó ante los medios de comunicación que el auto firmado por la parlamentaria representa una vía de hecho judicial y un presunto intento de ruptura institucional. Carranza manifestó que la petición de suspensión del cargo, derivada de las indagaciones sobre presuntas irregularidades y violación de topes financieros en la campaña presidencial de 2022, habría estado motivada por supuestas presiones indebidas e intereses particulares de cara a la obtención de prebendas administrativas que no fueron concedidas por la Casa de Nariño.
Hasta el momento, la congresista Gloria Arizabaleta no ha emitido pronunciamientos oficiales ni declaraciones públicas en respuesta a la suspensión disciplinaria o a la denuncia penal interpuesta por la defensa presidencial.
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