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Foto de Referencia.
Según información divulgada por el diario El Tiempo, investigarán por qué el hato Perros de Agua seguía en poder de personas vinculadas al narcotráfico a pesar de la orden de ocupación con fines de extinción de dominio.
El domingo 6 de septiembre ocurrió una de las ocho masacres registradas este año en el país. Ese día asesinaron en zona rural de Orocué (Casanare) a cuatro miembros de la familia García Camejo, entre ellos a dos menores de 7 y 17 años. Sus cuerpos fueron hallados en la finca San Martín, donde solo una pequeña de 4 años logró salvarse.
Tras las investigaciones realizadas, fueron vinculadas cinco personas a la investigación, a pesar de que tres de ellas no fueron cobijadas con medida de aseguramiento de reclusión en centro carcelario. Para la Policía, la hipótesis más fuerte sobre los móviles del crimen era una retaliación por un caso de hurto de ganado en el que supuestamente estaba relacionado alguien cercano a las víctimas.
Las pistas condujeron hacia uno de los hatos más conocidos en esa región: Perros de Agua, que colinda con la finca donde ocurrió la matanza. Interceptaciones y entrevistas son pobladores llevaron a que el pasado jueves, un juez avalara la captura del administrador de ese hato, Robert Jaramillo Cárdenas, de 44 años, señalado como el hombre que ordenó el crimen.
La finca registrada como propiedad de la empresa Ganadería Primavera del Amazonas, hoy Sociedad Santa Sofía de los Ganaderos, también está en problemas. Esa firma fue incautada al narcotraficante Vicente Wilson Rivera González, quien fue capturado en el 2001, pagó siete años de cárcel y se salvó de ser extraditado a Perú y Panamá. En el hato había 5.000 cabezas que, supuestamente, pertenecían a un arrendatario.
Investigarán el hato
Aclarado el crimen que sacudió a Casanare, la Policía y la Fiscalía trabajan en otra línea de investigación: ¿por qué el hato Perros de Agua seguía en poder de un narco?
Fuentes cercanas al proceso explicaron que indagan si hubo corrupción en la ocupación de los 65 bienes (entre ellos 19 sociedades) sobre los que en su momento el juzgado primero penal del circuito especializado de Bogotá ordenó aplicar extinción de dominio por tener origen en plata del narcotráfico.
Una de esas sociedades era Santa Sofía de los Ganaderos, que tiene entre sus bienes el hato Perros de Agua, de 12.600 hectáreas.
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