En una decisión de primera instancia que pone fin a uno de los pleitos jurídicos más costosos para la capital casanareña, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó el archivo definitivo de la demanda ejecutiva interpuesta por la Unión Temporal SETTY, que pretendía el pago de más de 4.400 millones de pesos.
La sentencia, proferida el pasado 23 de abril de 2026 bajo la ponencia de la magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, determinó que la obligación reclamada por el concesionario de tránsito carece de validez legal, tras confirmarse que los documentos que soportaban la deuda fueron anulados por la justicia.
El origen del litigio
La UT SETTY buscaba el recaudo de $4.455.204.261, argumentando que el municipio le adeudaba estos recursos por concepto de custodia de vehículos (parqueaderos) acumulados entre 2016 y 2017. El cobro se basaba en un contrato de transacción y un arreglo directo que, en su momento, fueron presentados como «títulos ejecutivos» para obligar al municipio al pago inmediato, incluyendo intereses de mora a la tasa más alta vigente.
El fallo del Tribunal se fundamentó en la inexistencia del título base de la ejecución. Según la providencia, tanto el arreglo directo de 2015 como el contrato de transacción de 2017 fueron declarados nulos en un proceso paralelo de controversias contractuales.
«Los instrumentos invocados desaparecieron del mundo jurídico y fueron declarados ilegales», señala el documento judicial, haciendo referencia a que el Consejo de Estado ya había ratificado en noviembre de 2024 que el Municipio de Yopal no adeuda suma alguna por estos conceptos.
Además de negar las pretensiones de la UT SETTY, el Tribunal Administrativo de Casanare condenó a la Unión Temporal al pago de costas procesales. Por concepto de agencias en derecho, la parte demandante deberá pagarle al municipio la suma de $133.656.127, cifra que corresponde al 3% del monto total que intentaron cobrar inicialmente.
Con este fallo, el proceso de referencia 85001-2333-000-2018-00080-00 queda oficialmente terminado y archivado, dándole un respiro financiero a las arcas del municipio frente a las reclamaciones del operador de servicios tecnológicos de tránsito.
