Oposición denuncia por prevaricato a representante Arizabaleta tras polémica solicitud contra el presidente Gustavo Petro
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente Gustavo Petro calificó como una «extorsión» el borrador de auto emitido por la representante Gloria Arizabaleta, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en el cual se solicitaba suspenderlo provisionalmente de su cargo por presunta participación en política. Desde Nueva York, donde interviene ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado colombiano negó que vaya a abandonar sus funciones antes del término de su mandato el 7 de agosto e instó a sus ministros a declarar bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia para detallar supuestas exigencias burocráticas o prebendas que la congresista de la Fuerza de la Paz habría solicitado previamente al gabinete.
Ante la controversia jurídica y política desatada en el país, la representante Arizabaleta modificó su postura inicial y determinó trasladar la discusión del documento a la plenaria de la Comisión de Acusaciones para que sea evaluado en un futuro orden del día. Miembros de esa célula legislativa, como el congresista opositor Hernán Cadavid, explicaron que la medida carece de efectos inmediatos y recordaron que los plazos corren contrarreloj, dado que a las sesiones ordinarias del Congreso les restan diez días para su clausura. Analistas constitucionales y legisladores aclararon que, según el artículo 174 de la Carta Política, la Comisión carece de facultades directas para separar a un mandatario de su dignidad, un procedimiento que es competencia exclusiva del Senado en pleno tras una acusación formal de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el candidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella calificó el episodio como un «autoatentado legislativo» orquestado desde sectores afines al oficialismo. Según el aspirante de Defensores de la Patria, la iniciativa de suspensión constituiría una estrategia diseñada junto al exsenador Roy Barreras —exesposo de Arizabaleta— para justificar que el primer mandatario intervenga abiertamente en la campaña electoral en favor de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Barreras desmintió de inmediato estas afirmaciones y catalogó como falsa, mediante el uso de inteligencia artificial, una fotografía que circulaba en redes sociales donde supuestamente aparecía junto a la representante en la Casa de Nariño, asegurando que no sostiene comunicación con ella desde hace más de un año.
El debate escaló al plano judicial luego de que el exministro de Vivienda y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, interpusiera una denuncia penal por presunto prevaricato contra la representante Arizabaleta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, argumentando una extralimitación de funciones constitucionales. De fondo, la controversia se enmarca en las múltiples investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación por la presunta intervención en política del Gobierno Nacional. Actualmente, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afrontan expedientes disciplinarios, sumándose a las recientes suspensiones provisionales dictadas contra los embajadores en Haití, Vilma Velásquez, y en Brasil, Alfredo Saade, por manifestaciones públicas de respaldo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda.
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