
El representante a la Cámara David Racero, ex presidente de la corporación y figura destacada del Pacto Histórico, enfrenta una creciente controversia tras la filtración de audios que lo vinculan con prácticas de explotación laboral y presunto clientelismo en entidades estatales.
Oferta laboral precaria en su negocio familiar:
En uno de los audios revelados por el periodista Daniel Coronell, Racero ofrece un empleo en su negocio de frutas y verduras (fruver) con condiciones laborales cuestionables: un salario mensual de un millón de pesos por jornadas de 13 horas diarias, sin prestaciones sociales y con un solo día de descanso a la semana. Además, describe que la empleada debía realizar múltiples tareas, desde manejar la caja hasta limpiar baños y preparar pulpas de fruta.
Negociaciones de cargos en entidades públicas
Otros audios exponen conversaciones entre Racero y Stalin Ballesteros, exdirector de Colombia Compra Eficiente, donde discuten un posible intercambio de cargos entre esta entidad y la aseguradora estatal Positiva. En la grabación, Racero menciona la posibilidad de un «cambalache» de puestos, sugiriendo que podría negociar con el director de Positiva, José Luis Correa, para facilitar el intercambio.
Presunto clientelismo en el SENA.
Adicionalmente, se han conocido denuncias sobre presuntas prácticas clientelistas en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde Racero habría intervenido para favorecer a un familiar en procesos de contratación. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra Racero y el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por posibles irregularidades en la contratación dentro de la entidad.
Reacciones y defensa de Racero
Ante la polémica, Racero ha emitido un comunicado en el que niega las acusaciones, calificándolas como un intento de sabotaje a la reforma laboral que promueve el gobierno. Sin embargo, no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre los contenidos de los audios.
El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, solicitando un examen profundo de los hechos y destacando la importancia de mantener la coherencia entre el discurso y las acciones de los funcionarios públicos. Este escándalo ha generado un amplio debate sobre la coherencia entre el discurso político y las prácticas personales de los funcionarios públicos, especialmente en temas relacionados con la defensa de los derechos laborales y la transparencia en la administración pública.