La objeción del proyecto de ley de las madres comunitarias no va en contravía de sus derechos laborales ni atenta contra ellos. Así lo manifestó la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen, al dar un parte de tranquilidad a todos los colombianos sobre la decisión del Gobierno frente a la iniciativa que buscaba su vinculación directa a la planta del Instituto.
La Directora insistió en que las madres comunitarias no van a quedar desprotegidas y recordó que ellas fueron formalizadas por el actual Gobierno, de tal manera que hoy tienen todos los derechos laborales garantizados. Cuentan con un contrato de trabajo con las prestaciones de ley como son salud, pensión, vacaciones, primas y cesantías.
“El proyecto de ley no habla de formalización. Lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF, es decir que se conviertan en servidoras públicas y esto quiere decir que se creen 64.000 nuevos puestos en la planta de personal, lo que le costaría al Instituto más de 800.000 millones de pesos. Con estos recursos atenderíamos a más de 400.000 niños”, reiteró la funcionaria.
Plazas Michelsen recordó igualmente que las madres comunitarias cuentan con otros beneficios que no se verán afectados con la objeción del proyecto, entre ellos el acceso preferencial para el subsidio de vivienda en la modalidad de compra de inmueble nuevo o mejoras y préstamos en el Fondo Nacional del Ahorro con una antigüedad de tan solo seis meses, mientras que para el resto de colombianos es de mínimo un año. Así mismo, sus inmuebles son categorizados en servicios públicos como estrato uno.
Al referirse a la sentencia T-480 de 2016, que ordenó el pago de las prestaciones a 106 madres comunitarias, la Directora General del ICBF manifestó que la entidad le pidió a la Corte Constitucional ampliar el plazo para el cumplimiento del fallo, porque se debe realizar una búsqueda de información, que no depende únicamente del Instituto sino de muchas entidades públicas y privadas. Reiteró que el ICBF está trabajando para cumplir con el fall