El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización inmediata de la ciudad de Santa Marta tras la paralización de las actividades económicas provocada por un paro armado de 48 horas decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La medida fue anunciada desde la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, luego de que hombres armados en motocicletas recorrieran distintos sectores de la capital del Magdalena y ejes viales como la Troncal del Caribe exigiendo el cierre de los establecimientos e intimidando a comerciantes y transportadores.
La acción delictiva se produjo como reacción a la operación de la Policía Nacional realizada en territorio magdalenense que dejó siete presuntos integrantes de las ACSN muertos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias «Cholo», señalado como segundo cabecilla de esa estructura. Durante el balance operativo presentado la noche anterior, el jefe de Estado exhibió el armamento incautado junto a los cuerpos de los neutralizados dispuestos en bolsas blancas, advirtiendo en consejo de ministros que los miembros de grupos al margen de la ley que no se sometan a las autoridades tendrán el mismo desenlace.
Pese a que las autoridades locales descartaron inicialmente la existencia formal de la acción armada, analistas y líderes sociales confirmaron que la intimidación logró el cierre de más del 90% del comercio en Santa Marta, registrándose además disparos contra locales abiertos con clientes en su interior y un ataque contra un supermercado en la salida hacia Riohacha. Ante el deterioro del orden público, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y confirmó la articulación directa con el Ejecutivo Nacional para ejecutar el despliegue de las Fuerzas Militares y restablecer la seguridad en la región.
