Un ataque con artefactos explosivos registrado en las inmediaciones del Batallón Cartagena, ubicado en el kilómetro cinco de la vía que comunica a Riohacha con Maicao (La Guajira), dejó un saldo de 12 soldados heridos. De acuerdo con el reporte oficial de la Primera División del Ejército Nacional, las víctimas presentan lesiones leves que no comprometen sus vidas y ya se encuentran recibiendo asistencia médica especializada. El comando militar atribuyó la autoría de la acción operacional a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegaron operaciones de registro y control en el área de la Troncal del Caribe para identificar y capturar a los responsables del hecho. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado y confirmó que este se presenta a cuatro días de los comicios electorales, coincidiendo con las alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE) que catalogan a Riohacha como uno de los municipios con factores de riesgo por violencia e influencia de grupos armados sobre la población votante.
El incidente se produce en la antesala de un cese al fuego anunciado por el ELN, programado para iniciar este sábado y extenderse hasta el 2 de junio. No obstante, las autoridades también responsabilizaron a esta guerrilla de un ataque reciente en el departamento de Norte de Santander, así como de acciones previas durante la campaña al Congreso, que incluyeron un retén ilegal en Arauca donde falleció un miembro de un esquema de protección.
Para mitigar los factores de inestabilidad, el Ministerio de Defensa ratificó el despliegue de 286.000 uniformados de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional bajo el denominado «Plan Democracia». El balance gubernamental indica que dicha estrategia ha permitido la neutralización de más de mil integrantes de organizaciones al margen de la ley en lo corrido del año, aunque el jefe de la cartera de Defensa advirtió que persisten niveles de riesgo específicos en 32 municipios por afectaciones al orden público y en otros 38 por posibles delitos electorales.
