Caso UNGRD: Detienen por orden judicial a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la conducción forzosa y posterior detención provisional de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, con el fin de asegurar su comparecencia en la diligencia de indagatoria por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida fue dispuesta por el despacho de la magistrada Cristina Lombana luego de que la legisladora solicitara el aplazamiento de la citación judicial en dos oportunidades previas. Tras ser trasladada por miembros de la Policía Judicial y dar inicio a la sesión en el norte de Bogotá, el tribunal determinó que la congresista permanezca bajo custodia en las instalaciones de la Dijín para garantizar la continuidad y reanudación de la audiencia el viernes a primera hora.

La apertura formal del expediente contra la senadora, adscrita al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), se consolidó en mayo bajo los cargos preliminares de tráfico de influencias y cohecho impropio. La tesis metodológica que maneja la Fiscalía y que ahora evalúa la Alta Corte apunta a que Peralta habría actuado presuntamente como un enlace con el exdirector de la entidad, Olmedo López, para viabilizar el otorgamiento de contratos de maquinaria amarilla en favor de terceros. Los investigadores indagan si dichas adjudicaciones se utilizaron de manera irregular como contraprestación para asegurar los votos favorables de distintas bancadas del Congreso de la República en el trámite de iniciativas legislativas gubernamentales, específicamente las reformas de salud y pensional.

Antes del inicio de la sesión de descargos, la parlamentaria desvirtuó los señalamientos en su contra y afirmó que las actuaciones judiciales forman parte de una campaña de persecución política motivada por su pertenencia al proyecto oficialista. Peralta vinculó la premura de su llamado con las tensiones actuales de la agenda electoral y el trámite de la reforma pensional, cuyo texto se encuentra bajo estudio en la Corte Constitucional con posibilidad de ser devuelto al debate legislativo. Adicionalmente, el Consejo de Estado mantiene en curso una demanda de pérdida de investidura contra ella y otros ocho congresistas salpicados en el mismo entramado, fundamentada en supuestas violaciones al régimen de incompatibilidades y gestiones indebidas de prebendas burocráticas.