La FLIP alerta sobre un patrón sistemático de ataques contra la prensa por parte de Abelardo de la Espriella
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió una alerta pública en la que advierte sobre la consolidación de un patrón sistemático de señalamientos y hostigamientos por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los integrantes de su campaña contra periodistas y medios de comunicación. La organización defensora de los derechos humanos sustentó su pronunciamiento en las recientes declaraciones emitidas desde la campaña en respuesta a investigaciones de interés público sobre presuntas irregularidades en la contratación de su entorno político.
El gremio enfatizó que los gobernantes tienen el deber constitucional de ofrecer plenas garantías para el ejercicio libre del periodismo, independientemente de que los contenidos emitidos resulten afines o incómodos para los sectores que aspiran a la jefatura de Estado.
El desencadenante del último requerimiento institucional guarda relación con los cuestionamientos legales formulados por los apoderados del candidato hacia el equipo periodístico de la Revista Cambio, tras la difusión de crónicas referidas al manejo de recursos empresariales en la precampaña. La FLIP detalló además que perfiles digitales vinculados a la promoción del aspirante incurrieron en la práctica de divulgación no autorizada de datos personales, conocida técnicamente como «doxxing», al revelar información sobre las rutas de desplazamiento e itinerarios del periodista Daniel Coronell, un crítico habitual de la plataforma del penalista. Ante el riesgo que estas conductas representan en el contexto actual de orden público, el organismo solicitó el apoyo de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección para salvaguardar la integridad de los comunicadores afectados.
Por su parte, los voceros de la campaña Defensores de la Patria y los defensores del abogado Abelardo de la Espriella sostienen que las acciones jurídicas interpuestas ante los despachos civiles y la Fiscalía General de la Nación corresponden al uso legítimo de las herramientas constitucionales para amparar el derecho al buen nombre.
La defensa del candidato argumenta que ciertos sectores de la prensa escrita y televisiva ejercen un activismo político deliberado bajo la fachada de labor informativa, lo que justifica el inicio de querellas de responsabilidad civil y penal.
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