El Juez 35 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien permanecía privada de la libertad por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. La decisión judicial se fundamentó en el vencimiento de términos, tras constatarse que transcurrieron los plazos de ley sin que se diera inicio formal al juicio oral en su contra. Ortiz es señalada por la Fiscalía General de la Nación de actuar como la presunta «mensajera» en la entrega de sobornos por un valor de 3.000 millones de pesos, destinados supuestamente a facilitar el trámite de proyectos legislativos en el Congreso.
Según el expediente que adelanta el ente acusador, basado en los testimonios de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, la exfuncionaria habría participado en el traslado de maletines con dinero en efectivo que tenían como destinatario al entonces presidente del Senado, Iván Name. Pese a la gravedad de los delitos de cohecho y peculado por los que se le investiga, el despacho judicial determinó que la demora en el proceso no fue atribuible a maniobras dilatorias de la defensa, lo que obligó a otorgar la libertad por salvaguarda de sus derechos procesales. No obstante, el juez aclaró que esta medida no implica una absolución y que la exconsejera deberá seguir compareciendo ante los estrados judiciales.
Fuentes cercanas al proceso indican que la fiscalía apeló a la celeridad en las últimas semanas para evitar este desenlace, pero las demoras en el recubrimiento de pruebas y la complejidad de la red criminal facilitaron el cumplimiento de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. La defensa de la exconsejera ha insistido en su inocencia, argumentando que las acusaciones de López y Pinilla carecen de soporte documental directo.
