Auditorías recomiendan al CNE suspender de inmediato la operación de AtlasIntel en Colombia
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos informes de auditoría que recomiendan sancionar a la firma AtlasIntel con la suspensión provisional de su registro para operar en el país. Según los documentos técnicos revelados este lunes, la metodología de reclutamiento digital utilizada por la encuestadora no cumple con los estándares de representatividad estadística exigidos por la Ley 2494 de 2025. Los auditores señalan que los resultados presentados por la firma corresponden, en realidad, a un sondeo de opinión no probabilístico y no a una encuesta científica, lo que impide verificar empíricamente cómo fueron seleccionados los participantes.
El primer informe, liderado por el comisionado Álvaro Mauricio Montenegro, advierte que AtlasIntel reportó un margen de error del 2% que carece de sustento técnico, dado que su recolección de datos depende de procesos digitales orgánicos sin un control probabilístico de inclusión. El segundo documento identifica al menos seis irregularidades adicionales, entre las que destacan la entrega extemporánea de información al CNE, la omisión de reportes sobre aportes a campañas y la divulgación de cuestionarios en un orden diferente al aplicado. Esta situación pone en entredicho la validez de las mediciones que, según analistas, han mostrado una tendencia favorable hacia sectores de derecha en las últimas semanas.
La posible salida de AtlasIntel dejaría al país con solo tres consultoras habilitadas tras la reciente retirada de la firma GAD3 debido a la denominada “ley mordaza”. Aunque AtlasIntel cuenta con un alto reconocimiento internacional por su desempeño en mercados como el de Estados Unidos, los informes de auditoría en Colombia insisten en que su modelo puramente digital no permite demostrar que todo el universo electoral tuvo una posibilidad verificable de ser seleccionado en la muestra, un requisito estructural de la legislación vigente.
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