Fiscalía había pedido no trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota por seguridad
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó expresamente, mediante una carta enviada el pasado 16 de septiembre al Director de Centros de Reclusión Militar (DICER), que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla no fueran trasladados a cárceles ordinarias. Según el documento revelado por el periodista Melquisedec Torres, el ente investigador recordó que el Juzgado 35 Penal Municipal fijó el Cantón Caldas para López y la Escuela de Artillería para Pinilla al evaluar los riesgos contra su integridad física y seguridad personal, condición que la fiscal del caso consideró agravada por su condición de testigos clave en el entramado de corrupción de la entidad.
A esta advertencia se sumó la postura de la defensa de Olmedo López, representada por el abogado José Luis Moreno, quien manifestó a Blu Radio su oposición a la medida al sostener que la permanencia en el Batallón Caldas respondía a una orden de protección judicial. El jurista argumentó que en La Picota su representado podría compartir espacio con personas a las que ha señalado en sus declaraciones, entre ellos los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, aclarando que la reclusión militar no constituía un trato preferencial sino una salvaguarda.
López y Pinilla, condenados y firmantes de acuerdos de colaboración por el esquema de sobrecostos superiores a 16 mil millones de pesos en los carrotanques de La Guajira —caso en el que Pinilla fue condenado a cinco años de prisión en abril de 2025—, afrontan de forma paralela la ocupación de bienes por 20 mil millones de pesos dictada por la Fiscalía sobre sus propiedades y las de otros procesados. Asimismo, el organismo judicial evalúa nuevas conversaciones reveladas por la revista Cambio, fechadas el 9 de enero de 2024, que mencionan coordinaciones de dinero entre los exfuncionarios, la abogada Irma Solangel Torres y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández.
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