Senadora Jennifer Pedraza cuestiona información académica de las ministras de Cultura y Salud
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, hizo pública una denuncia a través de sus redes sociales en la que señaló presuntas inconsistencias en los títulos de maestría atribuida a la ministra de Cultura, Paola Holguín, y a la ministra de Salud, Ana María Vesga. De acuerdo con la congresista, ambas funcionarias han sido presentadas en publicaciones oficiales del Gobierno con títulos de posgrado que no figuraban concluidos o registrados debidamente en las plataformas del Estado.
En el caso de la ministra de Cultura, Paola Holguín, la Universidad Pontificia Bolivariana emitió un comunicado en el que aclaró que la funcionaria cursó la maestría en Estudios Políticos entre 1999 y 2001, aprobando las materias y la tesis, pero no obtuvo el título correspondiente. La institución universitaria corrigió piezas institucionales previas y precisó que Holguín es graduada de Comunicación Social y Periodismo en dicho centro educativo, mientras que en la hoja de vida pública de la funcionaria el posgrado aparece en condición de no graduada.
Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, respondió a los cuestionamientos publicando el título expedido por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el cual acredita su grado en julio de este año de la maestría en Economía de la Salud y del Medicamento. Frente al señalamiento de que dicho estudio no figuraba cargado en la plataforma oficial del Sigep, el documento presentado por la ministra no especifica si el título extranjero ya cuenta con la respectiva convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.
La controversia sobre las hojas de vida de las dos integrantes del gabinete ministerial se suma a recientes hechos y decisiones administrativas relacionadas con el acceso a la función pública. Entre ellos se destacan la objeción presidencial a una ley aprobada que buscaba prohibir la reducción de requisitos para cargos públicos, la orden de dos juzgados a la Contraloría de reanudar el concurso para 3.000 vacantes, y la divulgación de nombramientos en la Superintendencia de Notariado y el Viceministerio de Justicia vinculados a personas cercanas al Ejecutivo y al presidente de Ecopetrol.
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