El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ordenó el traslado del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota en Bogotá, mediante la resolución 008041 de 2026. Los procesados, quienes se encontraban recluidos en guarniciones militares —López en el Cantón Caldas y Pinilla en la Escuela de Artillería—, se suman a una serie de traslados al complejo penitenciario que incluye a Juan Guillermo Monsalve, al excongresista Wadith Manzur, al exsenador Antonio Guerra y al exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.
La medida responde a instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien afirmó públicamente que en su administración no habrá tratamientos preferenciales para las personas privadas de la libertad por hechos de corrupción. La determinación cobija a las dos cabezas principales del desfalco en la UNGRD, procesados por sobrecostos superiores a 16 mil millones de pesos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira, entre los cuales Pinilla ya purga una condena de cinco años de prisión por concierto para delinquir y peculado tras lograr un preacuerdo, mientras ambos avanzan en acuerdos de colaboración y principio de oportunidad con la justicia.
En el plano judicial, el traslado coincide con la divulgación de conversaciones por parte de la revista Cambio, fechadas el 9 de enero de 2024, que vinculan a los exfuncionarios con la abogada Irma Solangel Torres y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, en el marco del rastreo de entrega de recursos. Estas actuaciones se suman a las recientes medidas cautelares sobre 25 bienes avaluados en 20 mil millones de pesos pertenecientes a López, Pinilla, los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, el contratista Luis Eduardo López y el exasesor Pedro Rodríguez Melo.
