Denuncian presuntas presiones de votos a contratistas de la Alcaldía de Barranquilla a favor de De la Espriella
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La periodista e investigadora Laura Ardila denunció públicamente la existencia de una presunta estrategia de presión a contratistas dentro de diversas dependencias de la Alcaldía de Barranquilla para asegurar respaldos hacia la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Según la comunicadora, en dependencias como Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana y la Institución Universitaria de Barranquilla, se estaría solicitando al personal vinculado la entrega de listados en formato digital que contengan entre 30 y 50 votantes potenciales. La denuncia sostiene que estas planillas recopilan información detallada que incluye nombres, cédulas de ciudadanía, direcciones de residencia y números de contacto telefónico de los ciudadanos.
De acuerdo con el reporte periodístico, el mecanismo de control operaría mediante coordinadores encargados de cruzar los datos y realizar llamadas de verificación aleatorias para ratificar la intención de voto de los referidos, replicando sistemas de bases de datos que han sido objeto de cuestionamientos en comicios legislativos territoriales previos. Los análisis de contexto electoral señalan que la capital del Atlántico representa un escenario estratégico para el balotaje del próximo domingo 21 de junio, debido a que en la primera vuelta se registró un estrecho margen entre los dos aspirantes en contienda y se identificó un volumen cercano a los 36.000 sufragios no movilizados, concentrados principalmente en los estratos socioeconómicos uno y dos.
Por su parte, las directivas de las agrupaciones políticas locales vinculadas tradicionalmente a la administración municipal no han emitido pronunciamientos oficiales para desmentir o confirmar el uso de las planillas descritas en la denuncia. Las autoridades electorales de la Misión de Observación Electoral reiteraron el llamado a la ciudadanía para canalizar este tipo de denuncias sobre presunta utilización de nóminas públicas a través de las mesas de justicia institucionales habilitadas para la jornada electoral.
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