Procuraduría abre investigación a siete embajadores colombianos por presunta participación en política
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de siete embajadores de Colombia en el exterior por su presunta intervención en debates de carácter político-electoral. De acuerdo con el auto emitido por el procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo, la indagación afecta a los jefes de misión ante la OEA, Luis Ernesto Vargas; Venezuela, Milton Rengifo; Argentina, José Roberto Acosta; la OCDE, Luis Fernando Medina; la FAO, Jhenifer Mojica; Bélgica, Daniel Ernesto Prada, y Bolivia, Elizabeth García. El pliego de cargos preliminar señala que los diplomáticos habrían utilizado sus cuentas personales y oficiales en plataformas digitales para difundir contenidos que denotan un supuesto respaldo a aspirantes presidenciales o críticas hacia la oposición, conductas restrictivas para los servidores del Estado.
Este procedimiento administrativo se incorpora a una serie de expedientes que ya alcanzan a un tercio de los integrantes del gabinete ministerial. Actualmente, 6 de los 19 jefes de cartera del Ejecutivo, entre ellos los ministros de Salud y Trabajo, forman parte de un consolidado de 142 funcionarios públicos bajo supervisión disciplinaria por hechos similares ocurridos entre el periodo de elecciones legislativas y la campaña de balotaje. En el marco del proceso, las directrices del ente de control precisaron que los implicados disponen del derecho a rendir versión libre, mientras se recopilan los elementos de prueba técnica orientados a determinar si las interacciones digitales y las declaraciones de los funcionarios vulneraron las normas vigentes de neutralidad estatal.
Paralelamente, sectores de veeduría ciudadana han formulado observaciones en torno a las recientes comunicaciones difundidas por los canales de mensajería instantánea de la Presidencia de la República. Las objeciones se centran en el adelanto en la publicación de los indicadores macroeconómicos de pobreza monetaria por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los posteriores mensajes emitidos por el presidente Gustavo Petro, quien vinculó los resultados de la política social de su administración con un llamado a la protección de dicho legado a través del voto. Si bien las campañas políticas implicadas han tomado distancia formal de estas actuaciones gubernamentales, los entes de supervisión mantienen activados los comités de garantías para mitigar el uso de recursos y nóminas públicas en beneficio de las causas en contienda.
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