El Gobierno nacional formalizó la designación de Diana Patricia Bravo Vélez como nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes incautados o declarados en extinción de dominio por actividades ilícitas. La decisión quedó protocolizada mediante el Decreto 1255 de 2026, a través del cual el presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Amelia Pérez, quien venía desempeñándose al frente del organismo. Bravo, abogada especialista en Alta Gerencia y Derecho Administrativo con maestría en Administración MBA, ejerció hasta julio de este año como socia y directora administrativa y jurídica de la firma De la Espriella Lawyers, a la cual ingresó en 2015.
La trayectoria de la nueva funcionaria abarca responsabilidades en el sector público y privado, incluyendo roles como investigadora judicial de la Fiscalía en Cali desde 2003, directora seccional del organismo investigador en Valledupar y Barranquilla, asesora jurídica del Ejército Nacional, abogada de control interno en la alcaldía de Cali y defensora externa corporativa. Asimismo, en el plano político y financiero, Bravo integró el comité inscriptor del movimiento Defensores de la Patria durante la contienda electoral, asumiendo la gestión económica y el manejo de los fondos de la campaña presidencial del actual mandatario.
El ingreso de Bravo a la dirección de la Sociedad de Activos Especiales se suma a una serie de designaciones de profesionales provenientes de la misma firma de abogados que han asumido cargos estratégicos en el Ejecutivo. Entre estas vinculaciones destacan la de María Fernanda Sandoval como directora de Comunicaciones de la Presidencia; Jensy Osorio, abogada asociada del bufete, designada al frente de la Unidad para las Víctimas y cuyo esposo, Andrés Felipe Velásquez, asume la dirección de la DIAN; y Andrés Barreto, exdirector general del bufete de abogados y coordinador del empalme en el Departamento Administrativo de la Presidencia, nombrado en la Secretaría Jurídica de Palacio.
