La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo lunes 24 de agosto a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo a Óscar Galves Mateus, exinterventor de la Nueva EPS. La medida judicial responde a las investigaciones por el fallecimiento del niño Kevin Acosta, de 7 años, ocurrido el pasado 13 de febrero en Bogotá debido a complicaciones de la hemofilia tipo A que padecía. Junto al exinterventor, el ente investigador imputará a Nelson Ramírez Plaza, exauditor de concurrencia y gerente regional, así como a las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
De acuerdo con las denuncias de la Defensoría del Pueblo y la madre del menor, Yudy Pico, el niño no recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. El caso registró complicaciones adicionales tras una caída en bicicleta sufrida por el menor en Palestina, Huila, y retrasos en su traslado a la capital. La Procuraduría General de la Nación señaló en sus informes que la entrega de Emicizumab fue suspendida por la IPS Medicarte ante el descuadre de pagos de la Nueva EPS, mientras que la entidad sustituta, IPS Integral, tampoco pudo asumir el suministro por falta de giros de recursos.
El hecho generó controversia pública luego de que el expresidente Gustavo Petro señalara a la familia del menor en un consejo de ministros por presunta falta de educación en el cuidado del niño. En el marco del proceso judicial, las autoridades intentaron acceder a la necropsia y a la historia clínica del menor; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que ambos documentos mantienen reserva sumarial. Ante estos hechos, la representación legal de la familia solicitó al Congreso revocar el permiso de salida del país al exmandatario, mientras la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelanta las investigaciones correspondientes sobre su eventual responsabilidad en calidad de garante de la salud.
