Presidente De la Espriella confirma 314 fallecidos y formaliza estado de excepción por crisis fiscal y desastre natural
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente Abelardo de la Espriella formalizó desde el Palacio de San Carlos la firma del decreto de emergencia económica, tras reunir en consejo de ministros al gabinete que se encontraba desplegado en el occidente del país atendiendo la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante la jornada, el jefe de Estado presentó un nuevo balance oficial que registra 314 personas fallecidas, 4.447 heridas, 262 desaparecidas, 262.154 personas afectadas y 147.474 familias perjudicadas. Las cifras presentan discrepancias frente a los reportes previos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que registraba dos fallecidos menos, 67 heridos adicionales y 290 desaparecidos, marcando además variaciones previas con los datos aportados por entidades como Medicina Legal y la Alcaldía de Pereira.
En cuanto a la infraestructura física, el Ejecutivo contabilizó 30.664 viviendas destruidas, 136.946 casas averiadas, 302 edificios colapsados, así como afectaciones en 3.470 centros educativos y 352 centros de salud. Al justificar la medida excepcional, el mandatario argumentó que, si bien una tragedia de esta escala suele gestionarse mediante instrumentos presupuestales ordinarios, el país afronta una coyuntura fiscal altamente compleja. El estado de excepción faculta al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley por un periodo inicial de hasta 30 días, prorrogable hasta 90 días, los cuales entrarán a revisión automática de la Corte Constitucional y al control político por parte del Congreso de la República.
Entre las medidas anunciadas, el Gobierno creará el Fondo Milagro, una entidad encargada de canalizar y administrar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción de infraestructura, priorizando la intervención en más de 45 mil viviendas averiadas. Asimismo, la declaratoria incluye un paquete de incentivos para estimular la inversión, agilizar trámites en proyectos y generar empleo en las zonas impactadas. De acuerdo con lo anticipado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, el plan no contempla la creación o incremento de impuestos por el momento, orientando las acciones a la superación de la crisis y a la posterior reconstrucción territorial.
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