No hubo delito: Fiscalía cierra investigación contra 11 concejales de Yopal
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la denuncia penal que había presentado la secretaria de Infraestructura de Yopal, Adriana Mercedes Hernández Fuentes, contra 11 integrantes del Concejo Municipal, luego de concluir que los hechos expuestos no configuraban, en principio, un delito.
La investigación estaba relacionada con una sesión de control político realizada el pasado 7 de mayo, en la que Hernández Fuentes debía responder un cuestionario de 61 puntos sobre la gestión de la dependencia a su cargo.
La funcionaria había acudido a la Fiscalía al considerar que durante esa jornada se presentaron actuaciones que podrían constituir abuso de autoridad. Entre sus señalamientos mencionó la suspensión del debate, la imposibilidad de ejercer su derecho a réplica, cuestionamientos a la calidad de sus respuestas y la advertencia de una eventual moción de censura.
También manifestó que detrás de lo ocurrido podrían existir intereses políticos relacionados con la ejecución y exposición de obras públicas en determinados sectores del municipio.
Luego de revisar el caso, la Fiscalía 25 Seccional de Casanare estableció que la actuación de los concejales se produjo dentro de una sesión oficial y estuvo vinculada al ejercicio de las facultades de control político que tiene la corporación.
Para el ente investigador, las diferencias surgidas durante el debate, incluida la valoración que hicieron los cabildantes sobre las respuestas de la secretaria, corresponden a una controversia de carácter político y administrativo. Por esa razón, no encontró elementos suficientes para llevar el asunto al ámbito penal.
La Fiscalía tampoco encontró, dentro de los hechos relatados, evidencia concreta que permitiera comprobar una supuesta exigencia ilegal o una conducta de constreñimiento penal relacionada con las presuntas presiones políticas denunciadas.
El despacho precisó que, si la funcionaria considera que existieron irregularidades en las actuaciones del Concejo, el ordenamiento jurídico contempla otras vías para controvertirlas, como acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa o eventuales actuaciones disciplinarias.
La determinación fue notificada a la secretaria de Infraestructura y al Ministerio Público.
Aunque el expediente fue archivado, la Fiscalía aclaró que la decisión puede ser revisada si posteriormente aparecen nuevos elementos de prueba que permitan establecer la existencia de una conducta penal, siempre que la acción no haya prescrito.
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