Secretaria de Infraestructura de Yopal emprende acciones legales contra 11 concejales
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La titular de la Secretaría de Infraestructura de Yopal, Adriana Hernández, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria dirigida a la Procuraduría en contra de once integrantes del Concejo Municipal. Las acciones legales se derivan de los hechos ocurridos el pasado 7 de mayo, fecha en la que se interrumpió de manera abrupta un debate de control político citado para evaluar la gestión de esa dependencia.
La funcionaria argumenta en los folios que la plenaria incurrió en supuestas conductas tipificadas como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, concusión y constreñimiento ilegal. La controversia inició cuando la corporación aprobó por mayoría una proposición para levantar la sesión, manifestando que el documento con las respuestas a un cuestionario de 61 preguntas carecía de suficiencia técnica. Hernández sostiene que la medida impidió el derecho a la réplica y la sustentación del informe técnico, y afirmó que se trató de una estrategia para preconfigurar una eventual moción de censura. Como elemento probatorio, la denuncia adjunta registros de comunicaciones móviles que sugerirían una presunta concertación para el bloqueo del debate previa a la instalación de la plenaria.
Desde la perspectiva de la dependencia, el equipo de ingenieros respondió a los requerimientos siguiendo estrictamente la literalidad de un cuestionario enfocado en indicadores cuantitativos, sin especificaciones de rigor metodológico sobre objetos contractuales. En el plano del debate, las posiciones al interior del cabildo se mostraron divididas: mientras el concejal Ociel Ortiz consideró que los datos suministrados no contaban con la calidad de presentación requerida, el cabildante Felipe Becerra validó la asistencia técnica del personal de la Secretaría y lamentó que la suspensión aplazara las claridades que solicita la ciudadanía sobre el estado de acueductos rurales y proyectos de pavimentación.
La acción jurídica incorpora además un señalamiento directo hacia el concejal Cristóbal Torres Pérez. El documento oficial le atribuye supuestas presiones para intervenir y direccionar el cronograma operativo de los frentes de obra vial con presuntos fines electorales en sectores donde ejerce liderazgos de base. Tras el cruce de señalamientos públicos respecto a la idoneidad del personal técnico en proyectos estratégicos como la institución educativa Santa Teresa de Calcuta, los expedientes fueron remitidos con solicitud de vigilancia preventiva ante la Procuraduría Regional de Casanare para el seguimiento a las próximas sesiones ordinarias de la corporación.
About The Author
