$2.822 millones de regalías se perdieron en Administración de la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier.
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Así lo determinó la Contraloría General de la República al dejar en firme fallo con responsabilidad fiscal contra la exmandataria de Casanare Martha Inés Gonfrier, la exdirectora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.
El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a las regalías petroleras de Casanare, destinados a subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en Yopal. Lo perdido fue el anticipo dado a la constructora que no realizó lo contratado.
En decisión del 16 de noviembre de 2017, el Contralor Edgardo Maya Villazón, confirmó el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada Intersectorial N° 13 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución del Convenio Nº. 0082 de 2010, celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I. Desarrollo Territorial S.A. y la Junta de Vivienda Santo Domingo, por valor de $9.998 millones, de los cuales $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de estas viviendas de interés social en la capital de Casanare.
En cumplimiento del convenio, el Departamento giró $4.560 millones a una cuenta de manejo especial del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011, se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones a una cuenta abierta en el mismo banco a nombre de la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.
Finalmente los $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría contratada para tal fin por la Gobernación, la denominada Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.
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