La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reveló que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública entre los años 1990 y 2016 ascendió a 7.837. Este nuevo registro supera la cifra de 6.402 dada a conocer anteriormente por el tribunal, la cual se limitaba únicamente al periodo comprendido entre 2002 y 2008. La actualización responde a la ampliación del rango cronológico de investigación y a la integración de nuevas bases de datos que han permitido identificar hechos ocurridos antes y después del pico histórico de este fenómeno en el país.
El anuncio fue realizado inicialmente por el magistrado Pedro Díaz Romero durante una audiencia de aporte a la verdad en Apartadó, Antioquia, relacionada con la masacre de La Resbalosa ocurrida en 2005. Según el magistrado, los datos sobre crímenes de guerra son dinámicos y se ajustan conforme avanzan las etapas procesales del macrocaso 03. En el departamento de Antioquia, específicamente, la JEP estima que existen aproximadamente 1.932 víctimas de muertes ilegítimas presuntamente atribuibles a integrantes de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado.
Por su parte, el magistrado presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que la cifra actual de 7.837 víctimas proviene del cruce de al menos cinco fuentes de información técnica. Estas incluyen informes de organizaciones de víctimas presentados desde 2018, expedientes de la Fiscalía General de la Nación, archivos de la Procuraduría, registros del Centro Nacional de Memoria Histórica y los hallazgos propios de la jurisdicción. Ramelli destacó que la inclusión de datos provenientes de la Procuraduría y nuevos testimonios de familiares han sido fundamentales para consolidar este incremento en el registro oficial.
