Congreso realiza debate de control político sobre garantías de seguridad para aspirantes a la Presidencia
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Congreso de la República adelantó un debate de control político para evaluar las garantías de seguridad de los candidatos presidenciales, sesión en la que participaron altos mandos de las Fuerzas Armadas. Durante la jornada en la Cámara de Representantes, el coronel José Luis Bastidas confirmó la recepción de tres informaciones sobre presuntas amenazas contra los punteros en las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Según el oficial, estas situaciones se encuentran bajo evaluación de los organismos de inteligencia para determinar su veracidad y nivel de riesgo, con el fin de ajustar las medidas de protección necesarias en el marco de la contienda electoral.
No obstante, en la misma sesión legislativa se registraron versiones encontradas dentro de la institución militar. El vicealmirante Norman Iván Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, señaló que en la junta de inteligencia realizada la semana pasada no se manifestó información formal sobre amenazas contra los aspirantes. Pese a estas discrepancias en los reportes técnicos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que los esquemas de seguridad de los tres candidatos con mayor intención de voto han sido reforzados. El funcionario detalló que cada equipo cuenta con al menos 30 personas y representa una inversión aproximada de mil millones de pesos para el Estado.
Paralelamente, una comisión del partido Centro Democrático viajó a Washington para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La delegación, integrada por congresistas y representantes de la colectividad, entregó un informe que documenta 174 violaciones de derechos humanos con fines electorales registradas durante el último año. El documento advierte que al menos 339 municipios del país se encuentran bajo influencia de estructuras criminales y destaca que, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, se contabilizaron 17 homicidios y 89 amenazas contra líderes políticos de diversas vertientes.
Los congresistas hicieron especial énfasis en el impacto del homicidio del senador Miguel Uribe Turbay y en las recientes intimidaciones reportadas contra la candidata Paloma Valencia.
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