Tribunal Superior de Yopal tendrá que dirimir si se precluye o no proceso por el delito de peculado por apropiación de recursos destinados a la ejecución de la fallida planta modular, contra el representante legal de la Unión Temporal Yopal Planta Modular 2013, Omar Salcedo Gorraiz, a quien el Juez Tercero Penal le negó la solicitud de preclusión.
Este viernes 17 de marzo se realizó la más reciente audiencia del proceso relacionado con las irregularidades en la contratación de la planta modular de Yopal, en el Juzgado Tercero Penal de Yopal y a la cual fueron citados los también acusados exalcalde de Yopal, Willman Celemín, el exgerente y el exjefe de proyectos de la Acueducto de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Edwin Miranda y Bladimir Castro, respectivamente, además del interventor Carlos Andrade.
La referida audiencia tuvo como eje central la negativa del juez a la solicitud de preclusión del proceso contra Salcedo Gorraiz hecha por su apoderado. Él expresó que su cliente tan solo era un empleado de la Unión Temporal Yopal Planta Modular 2013, empresa que se creó para cumplir el objeto social de la contratación de la planta y la cual estaba compuesta por Hidroservicios Ltda. con un 52% y B y C Biocens Ltda. Con un 48%.
El abogado explicó al finalizar la audiencia que Hidroservicios, cuyo representante legal es Gustavo Norato, era la encargada de recibir los pagos, realizar la contabilidad de los dineros recibidos para ejecutar el contrato y administrar los recursos, por ende, era su obligación responder por esos dineros del Estado. Agregó que Omar Salcedo era solo un empleado que debía responder por la parte administrativa, no por la ejecución de los recursos. También dijo que “no se observa la más mínima prueba de que él se hubiera apropiado de los recursos, porque estos recursos fueron entregados a Hidroservicios”.
El pasado 16 de marzo se cumplieron 11 meses desde que fueron capturados los cerebros de la colapsada planta modular y solo Omar Salcedo está en prisión en forma preventiva, los demás gozan del beneficio de prisión domiciliaria.
Antecedentes
El proceso penal de los exfuncionarios de la Alcaldía de Yopal, de la Eaaay, de la interventoría y del contratista surgieron luego de evidenciarse hechos de corrupción en la contratación de la planta modular y las cuales fueron denunciadas por el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao y el exagente especial interventor de la Eaaay, Constantino Tamí Jaimes.
El contrato en cuestión se deriva del contrato interadministrativo No. 590 suscrito entre la Alcaldía de Yopal y la Eaaay el 21 de marzo de 2013 cuyo objeto era la construcción de la primera etapa de una planta de potabilización modular para el sistema del acueducto del área urbana del municipio de Yopal en Casanare.
Con base en este la Eaaay realiza el 26 de abril de 2013 el contrato con la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013 por 7.482 millones de pesos inicialmente cuyo objeto era el mismo del convenio previamente firmado. Esta contratación se realizó mediante invitación pública directa.
El contrato tenía un plazo de cuatro meses a partir del acta de inicio, es decir para el mes de septiembre de 2013 debía entregarse la planta. Sin embargo, alrededor del mismo desde el principio hubo problemas con los diseños, conflictos entre los contratistas y subcontratistas, que tuvieron como colofón la caída de uno de los tanques el 20 de diciembre de ese año, un día antes de la inauguración formal.
En el proceso ha sido pieza clave la entrevista que dio en Contacto Noticias el exingeniero residente de la construcción de la planta modular, Rodolfo Lizarazo, en la que afirmó que en la etapa precontractual se habían presentado una serie de hechos que evidenciaron que el contrato con la Unión Temporal se había definido desde el mes de enero por parte del exalcalde Celemín, el exgerente de la Eaaay, Edwin Miranda y el otrora asesor de la alcaldía Wilson Cruz.
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p style=»text-align: justify;»>En esos acuerdos se había acordado con la firma NyF de Colombia modificar la propuesta inicial presentada para disminuir costos y calidades de materiales para realizar la obra. Según Lizarazo la obra fue contratada por 7.800 millones de pesos mientras el costo real ascendía a 3.900 millones de pesos. Dio a entender en la entrevista que la diferencia fue a parar en los bolsillos de los mencionados.
