Fiscalía de Bolivia ordena la captura del expresidente Evo Morales por protestas y bloqueos en el país
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentado contra los servicios públicos y medios de transporte. La medida, emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a la agencia EFE, responde a su supuesta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante siete semanas entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones, impulsadas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana con el respaldo de sectores afines a Morales, afectaron principalmente el occidente y centro del país. La parálisis vial provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejando un saldo de al menos 16 fallecidos —13 por falta de atención médica oportuna— y pérdidas económicas calculadas en más de 3.000 millones de dólares. El Gobierno levantó las medidas el 20 de junio mediante un estado de excepción que desplegó a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
La denuncia penal fue formulada a inicios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz y respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acción judicial abarca también al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, este último en detención preventiva desde el 6 de julio. Morales, por su parte, negó haber promovido la renuncia del mandatario, argumentando que las protestas exigían respuestas socioeconómicas, aunque el 24 de mayo afirmó en la red social X que el Ejecutivo debía militarizar el país o convocar a elecciones.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, bajo el resguardo de seguidores para evitar la ejecución de una orden previa de captura por el delito de trata agravada de personas, proceso en el que fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija en mayo al no presentarse a juicio. Tras conocerse la nueva orden judicial, Morales declaró que las autoridades no lo van a intimidar y sostuvo que el Gobierno busca responsabilizarlo para ocultar la crisis económica del país.
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