El gobierno de los Estados Unidos oficializó una nueva normativa que restringe de manera severa el tiempo de permanencia legal para estudiantes y periodistas extranjeros en su territorio. De acuerdo con el documento administrativo publicado este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida entrará en vigor el próximo mes de septiembre, a menos de que ocurra un bloqueo legislativo por parte del Congreso, escenario poco probable debido a la mayoría que ostenta el Partido Republicano del presidente Donald Trump.
Bajo las nuevas directrices, los portadores de visados de estudiante tendrán un límite máximo de permanencia de cuatro años en el país. Por su parte, las estadías de los periodistas extranjeros se limitarán a un periodo inicial de 240 días (aproximadamente ocho meses), prorrogables por lapsos idénticos, con un régimen de control aún más estricto para los reporteros de nacionalidad china, cuyos visados no excederán los 90 días. Hasta el momento, el gobierno estadounidense otorgaba permisos que cubrían la totalidad del programa académico de los estudiantes y visados de hasta cinco años para el personal de prensa. El DHS justificó la reforma bajo el argumento de que el sistema anterior facilitaba la figura de «estudiantes eternos» que prolongaban su estadía de forma indefinida, impidiendo una supervisión estatal efectiva de los beneficiarios.
La publicación de esta regulación generó rechazo inmediato en sectores académicos y de medios de comunicación. Cerca de un centenar de agencias de prensa internacionales suscribieron una carta advirtiendo que la limitación temporal reducirá significativamente la calidad de la cobertura informativa en suelo estadounidense, mientras que asociaciones de educación superior señalaron que la medida desincentivará la llegada de talento global. En el periodo académico 2023-2024, Estados Unidos albergó a más de 1,1 millones de estudiantes internacionales, quienes aportaron más de 50.000 millones de dólares a su economía nacional. Las universidades ya registran un declive en matrículas internacionales debido a políticas previas del Ejecutivo, tales como la anulación masiva de visados estudiantiles y el recorte de fondos federales para investigación científica.
