Organizaciones de víctimas en Chile rechazan la disolución de la unidad de adopciones forzadas
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El gobierno del presidente José Antonio Kast ordenó el cierre de la unidad especial encargada de investigar las adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura militar en Chile. La decisión generó el rechazo inmediato de las agrupaciones de víctimas, quienes advierten que la medida entorpece el esclarecimiento del destino de miles de menores sustraídos. La Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS) calificó la determinación como un golpe inesperado, señalando que la semana anterior las autoridades habían manifestado su disposición para continuar con la implementación del programa de búsqueda.
La oficina afectada es la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Esta entidad, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había sido constituida en febrero pasado, semanas antes del relevo presidencial en el país austral. Su propósito central consistía en entrelazar la gestión de diferentes instituciones estatales para agilizar los reencuentros familiares y rastrear los casos de más de 20.000 niños que se calcula fueron sacados del territorio nacional de forma irregular.
Voceros de las organizaciones de derechos humanos anunciaron que mantendrán las acciones civiles de reclamo, argumentando que existen más de 1.600 causas judiciales abiertas y cerca de 10.000 expedientes documentados de manera independiente. De acuerdo con datos del magistrado a cargo de las investigaciones judiciales, la cifra global de menores trasladados fuera de Chile desde 1983 asciende a 23.000, sin contabilizar los reportes que se remontan a mediados del siglo pasado. La disolución de este organismo técnico reabre el debate político en Santiago sobre el presupuesto y las prioridades institucionales destinadas a la memoria histórica.
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