Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por coacción judicial
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Primera Sala del Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó de manera unánime al exdiputado Eduardo Bolsonaro a una pena de cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacciones a la justicia. La máxima instancia judicial determinó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro incurrió en conductas ilícitas al realizar gestiones directas ante el Gobierno de los Estados Unidos con el fin de promover la imposición de sanciones económicas y restricciones diplomáticas contra los magistrados brasileños. La sentencia, dictada por los cuatro jueces de la sala, contempla que la pena corporal se ejecute bajo el régimen de reclusión semiabierto e impone una sanción pecuniaria equivalente a cien salarios mínimos de ese país.
La resolución judicial acarrea de forma automática la pérdida de los derechos políticos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de ocho años para el exparlamentario, quien ya había perdido su curul en la Cámara Baja en diciembre pasado debido a inasistencias reiteradas. De acuerdo con la ponencia del magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, se demostró que el procesado se trasladó a territorio estadounidense en el año 2025 con el propósito expreso de interferir en los procesos penales que se adelantaban contra su padre. El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra recluido cumpliendo una sentencia de 27 años de cárcel dictada en septiembre pasado por su implicación en la planeación de un intento de golpe de Estado tras los comicios presidenciales de 2022.
La defensa técnica del sentenciado, ejercida por el defensor público de oficio Esdras dos Santos Carvalho, solicitó de forma previa la nulidad de las actuaciones argumentando supuestos vicios en las notificaciones internacionales y una presunta falta de imparcialidad por parte del juez ponente. El apoderado sostuvo que las actuaciones de Eduardo Bolsonaro en Washington correspondieron a un ejercicio legítimo de interlocución política y que carecieron del uso de violencia física o amenazas graves exigidas por el tipo penal. No obstante, los magistrados desestimaron las objeciones institucionales al concluir que las presiones políticas dirigidas a alterar el curso de los dictámenes judiciales locales constituyeron una coacción efectiva contra el ordenamiento legal del Estado brasileño.
El dictamen judicial se produce en un contexto de tensiones binacionales, luego de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump hiciera efectivas restricciones de visado a magistrados suramericanos y fijara aranceles comerciales a productos de Brasil tras calificar los procesos judiciales contra la familia Bolsonaro como persecuciones de índole política. Eduardo Bolsonaro no compareció de forma presencial ni virtual durante la audiencia final del juicio al mantener su residencia fija en los Estados Unidos desde febrero de 2025, lugar desde donde coordina las plataformas de articulación de los movimientos de derecha de la región y apoya la precampaña de su hermano, el senador Flávio Bolsonaro.
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